<span;>La Diputación General de Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Servicio Aragonés de Salud, varios magistrados y funcionarios de la judicatura aragonesa, la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón y numerosas personas relacionadas con las anteriores se encuentran denunciadas penalmente, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Zaragoza. Plaza N° 12 en Diligencias Indeterminadas 3443/2025, así como ante la Sección Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura, organización criminal, violación a una menor de 16 años, violación, detención ilegal a una menor de edad, detenciones ilegales y secuestros condicionados, lesiones, falsedades documentales, revelación y descubrimiento de secretos, amenazas, coacciones y suplantación de identidad, entre otros, unida a la sistemática vulneracióm de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de la afectada.
<span;>Por esta parte, se ha tenido acceso íntegro a las más de 1.000 páginas de prueba preconstituida así como a la totalidad de denuncias presentadas hasta la fecha.
<span;>La víctima lleva, desde su adolescencia, padeciendo violaciones, detenciones ilegales, lesiones y maltrato en el ámbito familiar de forma sistemática por parte de sus progenitores, los denunciados Félix P. A. R. y María Elena T. A., empleando además, para la comisión de las agresiones sexuales, a una tercera persona, la médico ginecóloga Susana T. S.
<span;>A su mayoría de edad, la perjudicada, huye del domicilio familiar y de sus agresores. A partir de ese momento, su calvario en vez de desaparecer, empeora. Su padre, perfilado psicópata y dirigente de la presunta organización criminal, comienza su campaña de difamación y de destrucción de reputación de su propia hija. Presenta numerosas denuncias falsas por desaparición, implica a la Trabajadora Social, perteneciente al USM-Sagasta-Ruiseñores y denunciada, María del Mar M. quien, sin el conocimiento, consentimiento, intervención ni autorización de la víctima, emite un informe objetivamente fraudulento que, también, presenta las características de otro delito de revelación y descubrimiento de secretos que, posteriormente, se utiliza para influir directamente en resoluciones judiciales, con graves repercusiones para la víctima. Simultáneamente, Félix P. A. R., sin el conocimiento, consentimiento, intervención ni autorización de la denunciante, suplanta su identidad, rellena, firma y presenta ante el IASS, una solicitud de discapacidad inexistente, adjuntando incluso un supuesto informe fraudulento de un psicólogo, que, en caso de ser real, supondría un nuevo delito de revelación y descubrimiento de secretos.
<span;>Con la exclusiva intención de pretender la impunidad de los delitos que lleva cometiendo durante años, Félix busca, a toda costa, “la muerte civil” de su propia hija, procurando incapacitarla mentalmente, por lo que inicia un proceso civil de Medidas de Apoyo para lograr su objetivo.
<span;>En dicho procedimiento, se vulneran los Derechos Fundamentales de la perjudicada, consagrados en la Constitución Española, quedando la víctima en plena indefensión, careciendo de representación y asistencia letrada, añadiendo la presentación de los informes falsarios durante el proceso judicial.
<span;>Dicha resolución, a pesar de ser nula de pleno derecho, por los motivos expuestos, se otorga la curatela a la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón quienes, tienen la obligación y el deber, de velar por la seguridad, bienestar e intereses de la víctima. Y, proceden a efectuar todo lo contrario. En vez cuidarla y ayudarla, se dedican a proteger a su presunto violador, secuestrador, agresor y maltratador, encubriendo los delitos que viene cometiendo Félix P. A. R. y, además, se convierten en autores materiales, cómplices y cooperadores necesarios en la participación de nuevos y graves ilícitos, incluyendo una detención ilegal condicionada, empleando amenazas, coacciones y tortura, en connivencia con la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Félix, la Magistrado-Juez Vanesa A. B. del Juzgado de Primera Instancia N° 22 de Zaragoza, el Magistrado-Juez Armando B. H. del Juzgado de Primera Instancia N° 13 de Zaragoza y otros funcionarios de la judicatura.
<span;>Tras denunciar los hechos y, por lo tanto, careciendo de legitimación alguna para ello ninguno de los investigados, posteriormente, con el propósito de continuar encubriendo los delitos cometidos y pretender su impunidad, los mismos denunciados, vuelven a cometer otro presunto delito de secuestro condicionado, empleando la tortura, agresiones físicas (incluyendo la sumisión química), maltrato psíquico, contra la integridad moral, convirtiéndose en delitos de lesa humanidad, sumándose el continuar recibiendo palizas por su propio padre, estando la víctima indefensa en el hospital a merced de sus agresores, negándole el propio personal sanitario y facultativo a realizarle un examen y parte de lesiones, al igual que impedirle la personación de la policía nacional para presentar denuncia penal, teniendo que cursarla por burofax, con la constante pretensión de encubrir las actividades delictivas de esta organización criminal del mismo modo que lograr su impunidad.
<span;>Siendo, en esta segunda ocasión, la Diputación General de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales quienes promueven el secuestro condicionado, bajo la dirección del principal de la organización criminal subyacente, así como la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón, en connivencia y cooperación necesaria del Magistrado-Juez investigado, Armando B. H.
<span;>Del mismo modo, se encontraban previamente denunciados penalmente, la Magistrado-Juez, María Elía M. A., el Magistrado-Juez, Luis Alberto G. N. e Ignacio P. B., pertenecientes a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por lo tanto objetivamente carentes de legitimación alguna y, teniendo conocimiento de la totalidad de los hechos denunciados, proceden a denegar el recurso de apelación (civil) con el espurio propósito de encubrir y pretender la impunidad de la totalidad de los delitos cometidos.
<span;>De igual forma, unidas a las administraciones públicas, se encuentra implicada la entidad jurídica Ita San Juan, sus dirigentes y responsables.
<span;>Por la parte denunciante, se ha solicitado al Tribunal, las medidas urgentes cautelares de protección, tales como el ingreso en Prisión Provisional Comunicada y sin Fianza para el principal y dirigente, Félix P. A. R., los patronos, responsables, directivos, empleados, colaboradores y, en especial, para dos de los tutores de la citada Fundación, así como para dos facultativos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Asimismo, para la totalidad de investigados, se han requerido órdenes de alejamiento de mil metros y de cualquier tipo de comunicación sobre la víctima.
<span;>Tras comentar el caso con un jurista, esta ha sido su conclusión: “Es inaudito que pueda ocurrir algo así en un Estado de Derecho”.