Los detectives privados contra las malas prácticas en la investigación privada en España

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Ante las noticias aparecidas los últimos días en los medios de comunicación social sobre imputación de compañías cotizadas españolas, la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE) emite el próximo comunicado:

“Fallo en la diligencia debida»: el juez ve «negligencia» y falta de controles en los contratos de Repsol y Caixabank con Villarejo”. “El juez imputa a Repsol y Caixabank por cohecho y revelación de misterios”.

A pesar de que los propios titulares charlan por sí mismos, desde esta Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE), nos gustaría apuntar ciertos puntos de máximo interés.

La investigación privada en España es una profesión regulada ya hace varios años y los Detectives Privados españoles tienen una larga formación universitaria y una habilitación oficial (TIP) brindada por el Ministerio del Interior. La profesión del detective es “única y excluyente”, según con legislación y doctrina jurisprudencial. Por otro lado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en Sentencia 5781/2008 dictó que cualquier ámbito de servicios de investigación privada -«alguno sea su contenido»- tienen que atenerse a la Ley de Seguridad Privada. Basa la sentencia este hecho en el principio de que la Seguridad, donde están integrados los servicios de investigación privada, es monopolio único del Estado. Cualquier injerencia de operadores privados no habilitados atenta por tanto contra los intereses de la Seguridad Nacional.

A nuestro colectivo le preocupa que el ciudadano y compañías nacionales e internacionales logren confundir ese tipo de actuaciones a las que hace referencia la prensa, con la actividad del detective privado, cuyo trabajo radica en conseguir información y pruebas de manera completamente legal.

En relación con las novedades publicadas a lo largo de todo este tiempo, en el momento en que esos “servicios” fueron contratados, estaba en vigor la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, y RD 2364/1994, de 9 de diciembre, Reglamento de Seguridad. Dicha legislación igualmente dejaba clarísima la obligatoriedad de contratar los servicios de investigación privada a detectives privados con licencia TIP en vigor.

Hoy día la actividad de investigación privada está regulada por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y hay medidas de control suficientes a fin de que el servicio se preste a todas y cada una las personas fisicas y jurídicas correctamente legitimadas con todas las garantías, siempre y en todo momento con riguroso respeto a los derechos de los investigados. El órgano que controla que las funciones de los detectives privados se desarrollen con dichas garantías, es la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, quien realiza su trabajo eficazmente. El problema surge cuando alguien contrata “esos supuestos servicios de investigación” ajeno de la ley que lo regula.

La propia Ley 5/2014 (Artículo 57), impone graves sanciones; “La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente”. Por lo que nuestro cliente no está exento de responsabilidad y debe cerciorarse de que el servicio de investigación se contrata a un detective privado adecuadamente habilitado. Todo ello dentro del régimen sancionador y al margen de las resoluciones de los Tribunales.

La carencia de diligencia adecuada en la verificación de distribuidores para la empresa de servicios de investigación privada y obtención de pruebas legalmente habilitados choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Supremo que en sentencia 613/2016 de 29 de febrero, la que recoge como vértice central el concepto de intención expresa de la persona jurídica de respeto al derecho para probar cualquier plan de cumplimiento normativo («Compliance»). La contratación de servicios de investigación en arrendamiento de servicios fuera de la Ley puede invalidar totalmente los eximentes y atenuantes a la responsabilidad penal de la persona jurídica, dejándola desprotegida de los beneficios que son esperados de un plan de prevención de delitos eficaz.

Las presuntas alegaciones de quienes en esos instantes estaban adelante de las contrataciones de servicios de investigación, de carecer de medios para comprender la situación administrativa de las compañías contratadas es una excusa carente del mucho más los pies en el suelo, en el momento en que es notorio que el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP) es público y cualquier persona física o jurídica puede contrastar que el despacho de detectives privados que pretende contratar tiene las garantías y autorizaciones otorgadas por el Ministerio del Interior. Incluso, esa solicitud puede hacerse en las Asociaciones y Institutos Profesionales.

El contratar servicios de investigación fuera de lo previsto por la Ley, sin que sea llevada a cabo por detectives privados legalmente habilitados, como se está publicando en la prensa, trae graves problemas judiciales a quienes lo piden, además del gravísimo daño reputacional para las empresas a las que representan. Por contra, la contratación de servicios de investigación en el momento en que estas se practican mediante despachos de detectives privados debidamente autorizados se ha revelado como un eficaz medio de protección de las empresas y sus accionistas en frente de agresiones ajenas, tal y como se puede comprobar por la amplia jurisprudencia.